La seguridad de Andrés Manuel López Obrador preocupa a los servicios de inteligencia, ante la masacre ocurrida en Minatitlán

EL BESTIARIO

SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY


El presidente de la República de México admitió en gira por Veracruz que “urge” garantizar la seguridad pública en el país y afirmó que con la Guardia Nacional se va a “serenar” a la nación. Durante la jura de cadetes de la Heroica Escuela Naval-Militar, ubicada en la zona costera de Antón Lizardo en Alvarado, AMLO soslayó que con 230 mil elementos del Ejército y 70 mil elementos de la Secretaría de Marina, más el apoyo de la Policía Federal, los ciudadanos van a estar protegidos. Tuvo que dedicar unos segundos de su discurso para referirse a la multiejecucion de 14 personas en un salón de fiestas. “Con la Guardia Nacional vamos a serenar al país, duele mucho enterarse, enterarse de los asesinatos de Minatitlán, todo esto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista, pero con la guardia vamos a cubrir todo el territorio, los ciudadanos van a estar protegidos… Nos dejaron un cochinero”, dijo. Un par de horas antes, esquivó este mismo tema con reporteros veracruzanos que lo esperaban en el aeropuerto, Heriberto Jara Corona. Ante la lluvia de cuestionamientos, López Obrador optó por el silencio. En una gira de dos días por territorio veracruzano, Andrés Manuel López expuso que en las dos instituciones “más acreditadas” del país, como son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) descansarán los trabajos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad interior. Ante las críticas de inseguridad en Veracruz, López Obrador mostró su respaldo total a Cuitláhuac García. “Hay un gobernador honesto, ya no es como antes… en Cuitláhuac tenemos a un hombre honrado, inteligente y que va a hacer las cosas bien”, expuso

 

México y su Secretaría de Relaciones Exteriores regresan al escenario internacional con un nuevo protagonismo progresista y mediador dispuesto a intervenir diplomáticamente, de manera urgente, en los conflictos que paralizan Venezuela y Nicaragua, al margen de las pautas marcadas por la Cumbre de las Américas celebrada en Lima, no lejanas a las pautas dictadas desde Washington por el presidente estadounidense Donald Trump, quien envío a su nuevo Secretario de Estado, Mike Pompeo, quien dejó el cargo de director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, desde el 23 de enero de 2017. La biografía de Pompeo en la página web de la CIA indica que como director, “gestiona la recopilación de inteligencia, el análisis, la acción encubierta, la contrainteligencia y las relaciones de enlace con los servicios de inteligencia extranjeros”.

“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Soy un ser humano, tengo miedo, como todos los seres humanos, pero no soy cobarde”, dijo López Obrador a pregunta expresa de si teme por su vida porque en la guerra contra la corrupción está afectando muchos intereses. En una conferencia matutina de esta semana, el primer mandatario afirmó que se siente respaldado por la ciudadanía, que ha entendido que la transformación de México requiere de la participación de todos, en particular en la estrategia que implementó para combatir el robo de combustible. “Me siento muy respaldado, así me lo han expresado, puedo estar en una gasolinera donde se están presentando molestias y lo que me dicen es: ‘ni un paso atrás, no afloje’, y yo lo que les contesto es que: ‘el que se aflige, se afloja’. No nos vamos a afligir para acabar con la corrupción en el paía”, recalcó. Sobre las acciones para combatir este ilícito, el jefe del Ejecutivo anunció que se explora la posibilidad de transportar combustible por ferrocarril, “y los concesionarios de ferrocarriles están cooperando”. También, indicó que se recuperó el control en el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco y se estableció un sistema de vigilancia especial. Agregó que éste transporta alrededor de 170 mil barriles diarios, y que con su recuperación se avanza para volver a la normalidad en el suministro del combustible. “En esencia se va regularizando el abasto, la tendencia es que pronto vamos a regresar a la normalidad. Reitero el llamado a los consumidores: que no haya compras de pánico. Sí se actúa de forma precipitada, se le hace el juego a los delincuentes”, puntualizó.

Una vez más el presidente mexicano pidió a los ciudadanos no ser cómplices de huachicoleros: “Lo hacían por falta de oportunidades, pero ahora ya las hay. Espero que los delincuentes dejen de tener esa base social”. Aseveró que todos “los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del Presidente de la República”, por lo que es imposible que los expresidentes no supieran del delito que se cometía al interior y exterior de Petróleos Mexicanos (Pemex). Por eso, reiteró que consultará a los ciudadanos si quieren que se inicie un juicio contra exmandatarios federales por actos de corrupción, una vez que se reforme el artículo 35 de la Constitución. Por separado, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que el nuevo gobierno confronta con toda la fuerza del Estado el robo de combustible. “En temas del huachicol se está confrontando con todo el Estado mexicano, que es más fuerte que todos los intereses que pueda haber en el robo de combustibles y corrupción del país”, sostuvo al término de la ceremonia de izamiento de la bandera en la explanada de la Segob. Consideró que se está avanzando con las promesas que se hicieron en campaña, ya que reiteró que se va hacia un Estado de derecho que no es una simulación, sino a uno verdadero, donde se abata la corrupción.

El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos es un centro de pensamiento y laboratorio de ideas creado en 2001 en España, cuyo objetivo, según sus estatutos, es “analizar la política internacional desde una perspectiva global, además de servir como foro de diálogo y discusión”. Con sede en Madrid, está presidido por Emilio Lamo de Espinosa y dirigido por Charles Powell desde 2012. El trabajo del Instituto Elcano se organiza en ejes geográficos y temáticos. Los temáticos son: política exterior, energía y cambio climático, seguridad y defensa, economía europea e internacional, terrorismo internacional, imagen y opinión pública, lengua y cultura españolas, cooperación al desarrollo, demografía y migraciones internacionales. Los geográficos se centran en Europa, las relaciones transatlánticas, América Latina, Norte de África y Oriente Medio, Asia-Pacífico y África Subsahariana. El Instituto cuenta con un equipo de investigadores y una red amplia de colaboradores y expertos asociados. Participa en numerosas redes de think tanks y proyectos internacionales; así mismo, realiza actividades públicas y privadas, entre las que se encuentran reuniones de sus grupos de trabajo, seminarios y conferencias. Promueve la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI). “México: la reforma del sector seguridad y la estrategia contra la delincuencia organizada de Andrés Manuel López Obrador” es el título de un interesante trabajo elaborado por Alejandro Chanona, profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de Méxicon (UNAM). Es director del Proyecto de Investigación “Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporáneas” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer su estrategia para afrontar la crisis de inseguridad del país y la delincuencia organizada, lo que comprende la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, que estará bajo mando militar. En este análisis se revisan los aspectos más relevantes de estos planes y se identifican los retos de la nueva administración. Este documento de Alejandro Chanona presenta un análisis de las principales estrategias que ha dado a conocer el nuevo gobierno de México para afrontar la crisis de inseguridad y a las organizaciones de la delincuencia organizada en el país. Se abordan los cambios en el discurso y en la toma de decisiones respecto al papel de los militares en la estrategia, la centralidad que el tema de la seguridad pública tiene para la nueva administración y los asuntos que se han identificado como prioritarios. Asimismo, se presenta un balance de lo que hasta ahora se ha delineado como la reforma al sector seguridad a partir de la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y lo planteado en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluyó la puesta en operación de la Guardia Nacional. El objetivo del análisis es identificar si el nuevo gobierno está proponiendo cambios de fondo respecto a las estrategias anteriores, o bien si se mantienen o profundizan algunas de las dinámicas históricas frente a los retos de inseguridad del país.

 

Redefinición de la estrategia contra la delincuencia organizada y una reestructuración del sector de seguridad

Entre los temas más apremiantes para el nuevo gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentra la atención inmediata a la crisis de inseguridad del país, lo que incluye la redefinición de la estrategia contra la delincuencia organizada y una reestructuración del sector de seguridad. La reforma que da origen a la nueva “super” Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el anuncio de un “Plan Nacional de Paz y Seguridad” y la presentación de la iniciativa de reforma constitucional para formar, reclutar y entrenar una Guardia Nacional, dibujan, o tratan de dibujar, el nuevo diseño institucional y la estrategia integral de seguridad de la entrante administración. Vaticinar su éxito o fracaso sería estéril, pues apenas inicia su instrumentación y el “Plan Nacional de Paz y Seguridad” delinea ocho puntos sin profundizar en las acciones que se emprenderán. Lo cierto es que se edifica sobre las ruinas del fracaso de las estrategias emprendidas a lo largo de los últimos sexenios. El objetivo de este texto es analizar si estamos o no frente a la ruptura de paradigmas o si será “más de lo mismo”, lo cual podrá darnos claves sobre su futura eficacia.

Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República de manera contundente con más de 30 millones de votos. Esta fuente de legitimidad tuvo como contexto las peores calificaciones para gobierno alguno en el México contemporáneo: de acuerdo con las encuestas de opinión el 74% de los mexicanos desaprueban el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto (Consulta Mitofsky, de noviembre de 2018), al tiempo que la inseguridad, corrupción, pobreza, exclusión y la crisis en general se colocan como principales preocupaciones de las personas. Peña Nieto entregó un país con cuentas muy malas: el peor posicionamiento internacional en materia de corrupción e impunidad, una profunda crisis de inseguridad y una crisis social que se refleja en los altos niveles de pobreza y marginación de la mayoría de la población. México se coloca como uno de los países más desiguales de América Latina y de la OCDE. El año 2018 se cerró como el más violento de la historia contemporánea del país: durante el gobierno de Peña Nieto se registraron más de 200.000 homicidios dolosos y las cifras conservadoras de la Secretaría de Gobernación ubican en alrededor de 37.000 los desaparecidos (un dato muy cuestionable por su metodología basada únicamente en las denuncias).

Durante la campaña electoral, AMLO generó grandes expectativas sobre una ruptura de fondo con el modelo de seguridad hasta ahora imperante y con las estrategias contra la delincuencia organizada, centradas esencialmente en el descabezamiento de las grandes organizaciones dedicadas al trasiego de drogas. Frente a este modelo, insistió en priorizar la atención a los problemas estructurales del país, como la pobreza, la exclusión, la corrupción y la impunidad, como solución a los problemas de seguridad. Su discurso se distanciaba de la “guerra contra el narcotráfico” y abrazó a idea de la pacificación del país.

 

El fracaso de los gobiernos previos en materia de seguridad pública y la violencia galopante llamaban a buscar un nuevo modelo

De esta manera, en el marco de las promesas de campaña López Obrador hizo un conjunto de propuestas para darle un giro radical a la política de seguridad del Estado. La idea de retirar a las Fuerzas Armadas de las calles se acompañó con el compromiso de crear un paradigma de pacificación y reconciliación nacional distinto al imperante. En efecto, el fracaso de los gobiernos previos en materia de seguridad pública y la violencia galopante llamaban a buscar un nuevo modelo sin el protagonismo militar. Máxime, cuando uno de los debates más relevantes en México durante esos meses fue el futuro de la Ley de Seguridad Interior y el papel de los militares en estas tareas. En el debate social se fortaleció la idea de que se podía establecer un período corto para transitar de un modelo de uso de las Fuerzas Armadas a otro con fuerzas policiales fortalecidas que se hicieran cargo de la seguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, hay que señalar que, desde el inicio, no quedaba claro cuál era la estrategia, debido a que los discursos y las propuestas del candidato se fueron adaptando durante los meses de la campaña electoral. Temas como la creación de la Guardia Nacional, incluido en la plataforma electoral y programa de gobierno, denominados en conjunto “Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024”, se mantuvieron con bajo perfil, al tiempo que la denominada “amnistía” generó las mayores controversias.

A partir del 1 de julio de 2018, con el avasallante triunfo electoral, AMLO comenzó a tomar el poder, el control del país. De manera atípica en la historia reciente de los relevos de poder en México, entre el presidente saliente y el presidente entrante no habíamos atestiguado una toma de facto de la Presidencia de la República del mandatario electo. Durante los cinco meses que transcurrieron entre el triunfo electoral y la ceremonia de la toma de posesión, López Obrador tomó un número importante de decisiones para impulsar políticas públicas y reformas constitucionales, con el apoyo de su mayoría parlamentaria y con el silencio absoluto del presidente Peña, reformas que intentan dibujar líneas claves de lo que él bautiza como “la cuarta transformación”.

 

El país requiere a pasos agigantados decisiones de Estado que recuperen el camino de la seguridad y la gobernabilidad democrática

Se matizó el tema de la amnistía, orientándolo hacia un modelo de justicia transicional y en la atención a las familias de los desaparecidos. Se llevaron a cabo la Consulta Nacional y los Foros de Escucha para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional, con alcances parciales debido a que la mayoría de las familias de los desaparecidos exigen conocer la verdad y acceder a la justicia, frente a la posición de López Obrador de promover el perdón, a partir de la frase “olvido no, perdón sí”, que pronunció durante el primer foro realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua. La metodología de los Foros y la posición sobre el perdón fueron criticados por miembros de los colectivos de víctimas, líderes y organizaciones sociales.

Se delinearon posicionamientos sobre la posibilidad de replantear la política de drogas del país, lo que incluyó declaraciones sobre impulsar reformas a favor del uso recreativo del cannabis y explorar las posibilidades de legalizar los cultivos de amapola en la sierra de Guerrero para orientarlos a la producción de medicamentos. Al respecto, en nombre del grupo parlamentario de MORENA, Olga Sánchez Cordero presentó en el Senado de la República la iniciativa de Ley General para la Regulación y el Control del Cannabis. Se anunció la creación de una nueva Secretaría de Estado encargada de los temas de la seguridad pública y se envió la iniciativa de ley para tal efecto al Legislativo. En un principio, parecía que la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana constituiría el referente de los cambios en la estrategia de seguridad y del combate a los grupos de criminalidad organizada. La nueva administración sabe que tiene que dar resultados pronto y, a la mayor brevedad, reducir los altos índices de violencia. El drama que vive el país requiere a pasos agigantados decisiones de Estado que recuperen el camino de la seguridad y la gobernabilidad democrática.

 

Las acciones del crimen organizado y la incapacidad o corrupción de los cuerpos de policía, “amenazas a la seguridad nacional”

Entre las iniciativas de Ley presentadas, en el período de transición gubernamental, destaca la que se presentó con objeto de crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La premisa básica de la propuesta es que se debe restablecer el modelo en el que había una Secretaría de Estado encargada de la seguridad pública, separada de la Secretaría de Gobernación. La nueva instancia ha sido denominada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, institución que se encargará también de atender los asuntos relacionados con la seguridad nacional. En el diagnóstico presentado en la iniciativa de Ley que da origen a su creación (Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) se asume que la seguridad pública es un componente esencial de la seguridad nacional y que la mayor amenaza a esta última es precisamente “la inseguridad pública, las acciones del crimen organizado y la debilidad o franca inoperancia, por incapacidad o corrupción, de los cuerpos de policía”. En efecto, en principio se ha pretendido que la nueva Secretaría de Estado se erija como una institución robusta, encargada de un abanico de temas que incluyen desde la protección civil (desastres naturales), pasando por el mando de la Policía Federal, hasta la inteligencia del Estado, al absorber también al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que se convertirá en el Centro Nacional de Inteligencia.

La denominada “super Secretaría” abarca el amplio espectro de la seguridad pública y la seguridad nacional, incluyendo, entre otros temas: la lucha contra la delincuencia organizada, el desarrollo del sistema policial, el apoyo y coordinación con los estados y municipios; la información relacionada con el registro de personas desaparecidas; la administración del sistema penitenciario federal; y la coordinación nacional para hacer frente a la delincuencia. De esta manera, la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pretendió erigirse como la piedra angular de la reforma del sector seguridad en México. Sin embargo, en la medida en que la Guardia Nacional estará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se tendrá que esperar para ver cómo se distribuirán las facultades entre ambas Secretarías, así como la coordinación entre las mismas. Cabe también señalar que, dentro de esta nueva lógica, el presidente de la República asumirá la coordinación de las tareas de seguridad y procuración de justicia, sosteniendo reuniones diarias con su gabinete. Hay en el fondo del planteamiento una lógica centralista que posteriormente se reforzó con la idea de que los representantes presidenciales en los estados –los denominados “súper delegados”– tendrían facultades para coordinar las mesas estatales de seguridad. Esta situación generó fricciones con los gobernadores de oposición, por violar el pacto federal. Finalmente, se llegó a un acuerdo con los gobiernos estatales, de que los delegados presidenciales sólo participarán como secretarios técnicos de las mesas de coordinación, en tanto que los gobernadores retienen sus facultades y responsabilidades en materia de seguridad.

 

Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 ante las violaciones a los derechos humanos y la pérdida de confianza en las instituciones

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 parte de un diagnóstico claro: el país afronta una emergencia nacional derivada de la crisis de inseguridad que se refleja en los niveles de violencia, los homicidios, las violaciones a los derechos humanos y la pérdida de confianza en las instituciones. Hay también una crítica al modelo imperante con el que se ha hecho frente a la criminalidad organizada y a los retos de la delincuencia y la violencia, al tiempo que hace énfasis en la importancia de clarificar los conceptos de seguridad nacional, interior y pública, para “formular nuevos paradigmas… que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del Estado de Derecho y reinserción de infractores”. En este sentido, el nuevo gobierno asume que tiene que impulsar una serie de estrategias “multidimensionales, transversales, incluyentes y, necesariamente, radicales”.

El Plan se sostiene en ocho ejes que pretenden atender de manera transversal la crisis de inseguridad del país: la erradicación de la corrupción y la reactivación de la procuración de justicia; la garantía del empleo, la educación, la salud y el bienestar; el pleno respeto y la promoción de los Derechos Humanos; la regeneración ética de la sociedad; la reformulación del combate contra las drogas; comenzar a construir la paz; la recuperación y dignificación de las cárceles; y asegurar la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz.

Como puede observarse, se trata de un documento en el que se incorporan elementos que se diferencian de las estrategias anteriores… El discurso y el planteamiento del documento y de las estrategias que se desprenderán de éste, centradas como su nombre lo indica en la idea de Paz y Seguridad. En principio, éste es por sí mismo un planteamiento distinto de la denominada “guerra contra el narcotráfico” emprendida desde el gobierno de Felipe Calderón y mantenida en los hechos durante el de Enrique Peña Nieto. El cambio de discurso responde a los planteamientos realizados durante la campaña presidencial, en cuyo marco se insistió recurrentemente en la necesidad de pacificar al país.

 

Se incorpora una nueva novedosa premisa: la inseguridad está vinculada con la desigualdad y la falta de oportunidades en México

El reconocimiento de que las diversas modalidades de la delincuencia organizada “no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos” denuncia la cooptación del Estado por parte de estos grupos y las cadenas de corrupción e impunidad que se recrean en un marco de debilidad institucional y de fragilidad del Estado de Derecho. Este no es un aspecto menor, en la medida en que los niveles de violencia y daño que generan las organizaciones de la delincuencia organizada están también relacionadas al tipo de espacios en los que operan, facilitando su proliferación en casos donde el Estado de Derecho es frágil y las instituciones fácilmente penetrables de la mano de altos niveles de corrupción e impunidad.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad asume como premisa básica que buena parte de la crisis de inseguridad que afronta México, incluida la relacionada con los grupos de delincuencia organizada, está vinculada con la desigualdad y la falta de oportunidades. Este argumento constituye un cambio en el discurso respecto a las administraciones anteriores. En este sentido, se pone énfasis en la relación bienestar-seguridad, así como en la importancia de la defensa y protección de los derechos humanos por parte del Estado mexicano. Esto, sin duda, es relevante en dos sentidos. Por un lado, se pone atención en atender las causas estructurales de la violencia y la delincuencia –por ejemplo, es urgente dar mayores oportunidades a las personas jóvenes–. Lo que debe evitarse a toda costa es criminalizar la pobreza y la exclusión a partir de una lógica simple, e ir más allá para identificar estas situaciones como factores de riesgo que se combinan con otros fenómenos, como las debilidades institucionales, la ausencia de Estado de Derecho y la fortaleza de los grupos de delincuencia organizada, tanto en términos organizacionales como sociales (narco-cultura, referentes de progreso social, arraigo en algunas poblaciones por la percepción sobre sus contribuciones al desarrollo). Por otra parte, se reconoce que el país afronta una grave crisis relacionada con la violación de derechos humanos y que para recuperar la seguridad será necesaria su respeto irrestricto. En consecuencia, se propone fortalecer el carácter de las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos (tanto a nivel nacional como estatal).

 

No hay referencias sobre la importancia de la cooperación internacional para afrontar las redes criminales transnacionales

Hay una crítica al modelo prohibicionista de combate contra las drogas, señalando que el modelo “es ineficaz desde el punto de vista de salud pública” y que “criminaliza de manera inevitable a los consumidores”. Desde la administración de Peña Nieto, México ha impulsado el debate sobre las políticas de drogas a nivel internacional, y se llevó adelante el Debate Nacional sobre la Marihuana, sin que se tradujera en acciones concretas sobre este tema. El nuevo gobierno se ha pronunciado por un cambio en la política prohibicionista y a favor de un modelo de regularización como elemento para “poner fin a uno de los motores centrales de la violencia”. No obstante, no hay claridad sobre la forma en que se concibe esta política y sus alcances.

A pesar de estos cambios propuestos, el Plan Nacional de Paz y Seguridad también presenta líneas de continuidad respecto a las estrategias implementadas contra la violencia y la delincuencia organizada, particularmente en cuanto al uso de las Fuerzas Armadas se refiere. Por otro lado, si bien se incorporan elementos como la relevancia de rescatar el sistema carcelario, están ausentes referentes sobre la procuración de justicia (fortalecimiento del sistema de justicia) y el modelo policial civil a impulsar. Es importante señalar que el Plan presentado es un documento guía que dibuja algunas medidas que tomará el nuevo gobierno, sin entrar en detalles de fondo en temas sustantivos como, por ejemplo, la forma en que se va a replantear el paradigma de combate a la delincuencia organizada, la política de drogas y, en su caso, la regulación de estas. Así, por ejemplo, se reconoce el carácter transnacional del fenómeno pero no hay referencias sobre la importancia de la cooperación internacional para afrontar las redes criminales transnacionales.

 

El diagnóstico sobre las capacidades y confiabilidad de la Policía Federal y de las policías estatales y municipales fue desastroso

La expectativa del nuevo gobierno de México era que iba a plantear cambios de fondo en la estrategia contra los grupos de delincuencia organizada y, particularmente, respecto al papel de los militares en la estrategia de seguridad. Sin embargo, muy pronto la realidad ubicó a los estrategas del presidente electo López Obrador para tomar decisiones distintas a las promesas de campaña. El diagnóstico sobre las capacidades y confiabilidad de la Policía Federal y de las policías estatales y municipales fue desastroso, por lo que en el Plan Nacional de Paz y Seguridad se confirmó la creación inmediata de la Guardia Nacional con efectivos militares y civiles (alrededor de 30.000 policías militares, 10.000 efectivos de la Policía Naval y 20.000 policías federales, de acuerdo con lo señalado por López Obrador durante la ceremonia de Salutación a las Fuerzas Armadas en Campo Marte el 2 de diciembre de 2018). Sin duda, esta decisión se basó en el reconocimiento de que para combatir la principal amenaza a la seguridad interior -el crimen organizado- se tendría que seguir recurriendo a las Fuerzas Armadas. Aún más, el mando de esta guardia recae en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Así, en el preámbulo de la iniciativa de reforma constitucional presentada por MORENA, el partido del presidente López Obrador, se reconoce que: “Hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad en nuestro país; pero a 12 años de que fueran involucradas en esa misión por el mando civil, siguen careciendo de un marco legal específico y de una formulación institucional adecuada para participar en esa tarea. Como consecuencia, los institutos castrenses han pagado un alto costo en vidas de soldados y marinos, han experimentado un desgaste injustificable, han sido distraídos de sus funciones constitucionales explícitas y se ha generado una indeseable erosión en sus vínculos con la población civil”. “Sin embargo, en la crisis de violencia e inseguridad actual es evidente que el Estado no puede asegurar el cumplimiento de la legalidad ni reconstruir la paz sin el concurso de los institutos armados. El retiro de los soldados y marinos de las tareas de seguridad pública colocaría a diversas regiones y a sus habitantes en una total indefensión ante la criminalidad organizada.”

 

Se apuesta por mantener, y, de hecho, profundizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando tareas de seguridad pública

Así, a pesar de que el Plan Nacional de Paz y Seguridad se ha planteado como una estrategia distinta a las emprendidas por los gobiernos anteriores, se apuesta por mantener, y, de hecho, profundizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando tareas de seguridad pública. La diferencia es que ahora se hará a través de la institucionalización de una nueva fuerza integrada fundamentalmente con elementos militares. El presidente y su equipo justifican esta decisión argumentando que el país está frente a una emergencia debido a los niveles de violencia de la delincuencia organizada y a la falta de capacidades de las instituciones policiales, tanto locales como federales.

El debate no es menor, si bien la Guardia Nacional pretende plantearse como una especie de fuerza intermedia o híbrida, lo cierto es que la premura con la que se establece y el hecho de que se mantenga bajo el mando militar han despertado una serie de críticas respecto a su implementación y al futuro de la corporación. La propuesta de la creación de la Guardia Nacional parte de la idea de que se van a “fusionar” tres instituciones que son distintas en términos de organización, doctrina y funcionamiento: la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. No hay claridad sobre el tema del entrenamiento, los protocolos de uso de fuerza y la forma en que operarán.

Cabe también señalar que, lejos de funcionar como una fuerza especializada contra cierto tipo de amenazas, como la delincuencia organizada, se pretende que la Guardia Nacional se encargue de un sinnúmero de funciones. Expresamente se afirma que “participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación”. Es decir, se amplían las funciones de esta nueva corporación con el riesgo de que abarquen todas las tareas de la seguridad pública y la seguridad interior y que no se consolide un cuerpo de elite especializado en combate a la delincuencia organizada.

 

Es comprensible centrarse en la reducción de los altos niveles de violencia y en atender las demandas sociales de pacificación nacional

El nuevo gobierno de México ha propuesto un cambio en la estrategia para afrontar la delincuencia organizada. Durante la campaña electoral, López Obrador y su equipo pusieron énfasis en temas como la desarticulación de las organizaciones criminales utilizando estrategias de inteligencia financiera y lucha contra el lavado de dinero. Se propuso un modelo que trascendiera la lógica de la “guerra contra las drogas”, lo que incluía la retirada de las Fuerzas Armadas de las calles. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado una estrategia concreta sobre la forma en que se enfrentarán a las organizaciones de la delincuencia organizada. Dada la emergencia nacional relacionada con los altos niveles de violencia en el país, es comprensible que la estrategia pretenda centrarse en la reducción de ésta y en atender las demandas sociales de pacificación nacional. Se asume que la principal amenaza para la seguridad nacional son la inseguridad pública y las acciones de la delincuencia organizada. Sin embargo, aún no puede verse de manera clara y definida una estrategia contra las organizaciones criminales que sea diametralmente distinta a las acciones emprendidas por las administraciones anteriores.

La respuesta inmediata del nuevo gobierno es la creación de la Guardia Nacional, hecho que deja en evidencia una realidad: frente a sistemas policiales que están rebasados, ante la dinámica delictiva en el país, se continúa privilegiando el uso de las Fuerzas Armadas que son consideradas dentro de las instituciones más confiables y sólidas. Se asume que sin las Fuerzas Armadas el Estado mexicano, pero sobre todo la ciudadanía, estaría literalmente en estado de indefensión ante los embates de la delincuencia organizada.

 

La Guardia Nacional prevé el despliegue de más de 50.000 efectivos provenientes de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval

El problema es que, la apuesta por la Guardia Nacional profundiza la tendencia de utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad pública. La retirada de los militares de estas tareas debe ser un objetivo del nuevo gobierno, pero para ello se tendría que hacer una apuesta, de largo plazo, por el desarrollo de un modelo policial a nivel nacional que permita dar sostenibilidad a las policías de todos los niveles, promover el fortalecimiento de la procuración e impartición de justicia e implementar cambios de fondo de la estrategia del combate contra las organizaciones de delincuencia organizada. El nivel de generalidad del Plan deja muchas partes imprecisas. No se enuncian claramente los tiempos y las acciones concretas a emprender para alcanzar las metas. Tampoco hay una visión sobre la importancia de la cooperación internacional para afrontar el desafío de los grupos de delincuencia organizada, particularmente con EEUU y los países de Centroamérica.

La Guardia Nacional está prevista en una fase inmediata con el despliegue de más de 50.000 efectivos provenientes de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. Se han anunciado entre 100.000 y 150.000 reclutas adicionales para la segunda parte del sexenio. El futuro de la nueva corporación plantea grandes dudas sobre el modelo de capacitación policial y los alcances de sus funciones. Asimismo, podría desestimular el fortalecimiento y desarrollo de policías suficientemente capacitadas para afrontar la amenaza compleja de la delincuencia organizada.

 

México se ofrece a mediar en las crisis de Nicaragua y Venezuela, promete un “papel decisivo” y de liderazgo en Latinoamérica

Tras las críticas por la ambigüedad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su posición hacia Venezuela y Nicaragua, el subsecretario designado para la región de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, afirmó que el país está dispuesto a mediar en las crisis políticas que afectan a ambos países. “La diplomacia mexicana tendrá un papel decisivo en América Latina y el Caribe. México debe ser un líder en la región y estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad. Es el momento en que México vuelva a mirar al Sur”, aseguró el funcionario, frente a los representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Esta es la primera vez que un alto funcionario del Ejecutivo de López Obrador se pronuncia directamente sobre la crisis nicaragüense, que desde abril -cuando comenzaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega- ha dejado 325 muertos, más de dos mil heridos y decenas de miles de exiliados. Reyes dijo que el Gobierno dará un “seguimiento puntual” a la situación del país, pero advirtió que México “no acompañará acciones que puedan afectar negativamente al pueblo nicaragüense y que no sean conducentes para crear condiciones de confianza que se necesitan para acercar a las partes”.

La crisis nicaragüense ha generado intensas negaciones diplomáticas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, advirtió de que podría invocar la Carta Democrática y expulsar al país del seno de esa organización, lo que tendría serias repercusiones políticas y económicas para la nación centroamericana. La idea de Almagro es presionar diplomáticamente a Ortega para que este se siente a negociar una salida pacífica al conflicto, que en enero cumple nueve meses sin que el sandinista de señales de apertura. Por el contrario, ha aumentado la represión contra sus críticos y los medios de comunicación independientes.

 

El día que México ‘intervino’ en Nicaragua y propició la caída de Somoza, el Gobierno de López Portillo pactó con los sandinistas

Si en algo ha puesto Nicaragua esperanzas para lograr una salida al asedio de Daniel Ortega, cada día más represivo, es en la comunidad internacional. Y si un país puede jugar un papel determinante, están convencidos los detractores con Ortega, ese es México. Porque “siempre ha sido una voz muy relevante en Centroamérica”, como resume la exguerrillera sandinista e historiadora Dora María Téllez. O, como apunta el escritor Sergio Ramírez, porque ambos países son parte de la misma realidad geopolítica porque “Centroamérica comienza en Chiapas en términos culturales”. Pero, sobre todo, como ambos pudieron comprobar hace casi 40 años, porque ya se logró una vez.

En 1979 la dictadura de Anastasio Somoza no podía ocultar ya las continuas violaciones a los derechos humanos. Su caída era cuestión de tiempo, en la medida en que también crecía el fervor por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). A finales de mayo, aparentemente después de haber escuchado los desmanes de Somoza de boca del entonces mandatario de Costa Rica, Rodrigo Carazo, el presidente mexicano, José López Portillo tomó una decisión crucial: “En estos momentos estoy instruyendo al canciller Jorge Castañeda para que rompa relaciones con Nicaragua”. El anuncio de López Portillo, que consideraba la represión somocista como un “horrendo genocidio”, se había gestado, sin embargo, antes de aquella reunión. El presidente mexicano había recibido varias veces en Los Pinos a miembros del Grupo de los Doce del FSLN, que le tenían al tanto de la deriva del régimen. “La ruptura de relaciones estaba concertada, solo estaba esperan el momento en que nos pareciese mejor”, recordaba esta semana Ramírez, que lideró aquellas conversaciones, uno de los momentos que plasmó en su libro Adiós muchachos.

Alan Riding, entonces corresponsal en México de The New York Times, relató que “los sandinistas gustosamente explotaron el entusiasmo paternalista de López Portillo y viajaron con frecuencia a la ciudad de México con largas listas de peticiones. En algunas ocasiones, el presidente recibía a las delegaciones de comandantes diciendo: ‘Bueno muchachos, ¿qué necesitan?’ A continuación, giraba órdenes de que sus ministros les ayudaran”, tal y como lo recuerda Fabián Herrera León, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en un amplio ensayo publicado en el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. El papel de México fue determinante durante toda la resistencia a Somoza. La embajada se convirtió en lugar de refugio para los sandinistas, hasta 400 personas, y para todo aquel que quisiera pedir asilo. También brindó apoyo para trasladar armamento en vehículos diplomáticos. Decisiones, todas, ejecutadas entonces bajo órdenes del encargado de negocios de la sede diplomática. “El embajador y su esposa arriesgaron su vida y su situación en el país por colaborar, incluso apoyando en traslados clandestinos”, recuerda Téllez.

 

“El canciller Jorge Castañeda entendió la coyuntura y cuál debería ser en ese momento el papel de México en la región y frente a Estados Unidos”

La decisión del presidente mexicano marcó un punto de inflexión. Un mes después de que López Portillo rompiera con Somoza, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una condena contra el régimen y exigió el fin de la dictadura y el reemplazo por un gobierno democrático en Nicaragua. El 17 de julio, Somoza huyó de Nicaragua. Un día después, algunos de los miembros de la Junta de Gobierno que se disponía a dirigir el país -Sergio Ramírez, Alfonso Robelo y Violeta Chamorro- dejaron Costa Rica y se dirigieron a León, donde les esperaba Daniel Ortega. El viaje, recuerda el excanciller Jorge G. Castañeda, hijo del entonces jefe de la diplomacia mexicana del mismo nombre, se hizo en uno de los aviones de López Portillo. Rubén Aguilar, periodista, exguerrillero y portavoz del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), explica que “el canciller Jorge Castañeda entendió la coyuntura y cuál debería ser en ese momento el papel de México en la región y también frente a Estados Unidos”, potencia que durante los más de cuarenta años que duró la dictadura fue aliada de los gobiernos militares liderados por los Somoza. “López Portillo se sentía un hombre de izquierda y le resultaba rentable para su imagen personal pasar a la historia de esa manera”, asegura Aguilar. Para Rubén Aguilar aquella posición mexicana fue “determinante”. Rompió, como ya había hecho durante la Guerra Civil de España, por ejemplo, con la llamada ‘Doctrina Estrada’, que establece que México no intervendría en asuntos internos de otras naciones y que respetaría la autodeterminación de los pueblos. “El gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”, se lee en el texto original de Estrada.

Ahora lamenta que el actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tome una postura crítica en relación al Gobierno de Daniel Ortega y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, según un amplio informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA, que durante seis meses investigaron los hechos violentos ocurridos en Nicaragua en el marco de las protestas que desde abril exigen el fin del régimen. “Es una tragedia para México que decida no posicionarse en temas derechos humanos y democracia. El Gobierno le deja ahora todo el espacio de política exterior al Brasil de Bolsonaro”. La desazón también sacude a los antaño miembros del FSLN, hoy hostigados por Ortega. “Creo que la política exterior mexicana es una nebulosa que aún está por aclararse”, comenta Sergio Ramírez, quien no quiere entrar a valorar a López Obrador, aunque advierte que los contextos entre aquella Nicaragua de Somoza y esta de Ortega son muy parecidos. La gran diferencia, admite Dora María Téllez, es que ahora no hay un grupo que baraje la lucha armada contra Ortega. Ella, que fue capital en la resistencia a Somoza, sí se siente dolida por la postura de México: “Una cosa es no intervenir y otra es la indiferencia”.

 

La SER de Marcelo Ebrard responde al PAN que la ‘Doctrina Estrada’ es la “guía básica de las relaciones diplomáticas”

Alejandra Reynoso Sánchez, senadora por el PAN y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, hizo referencia a la reunión de la OEA días atrás y cuestionó la posición del Gobierno mexicano, que se abstuvo. “¿Considera usted que la Doctrina Estrada sigue vigente ante la práctica de autoritarismo y violación constante de derechos humanos?” “¿Cómo logrará México el respeto a los derechos humanos y al orden constitucional en estos países [Nicaragua y Venezuela]?”, preguntó. En la misma línea apuntó la senadora Martha Micher Camarena, de Morena, el partido de López Obrador, quien dijo estar “preocupada por Nicaragua” y le recordó a Reyes que en el país centroamericano “están ofendiendo, están desapareciendo a la gente que piensa diferente, están cometiendo actos de violación a los derechos humanos”.

Reyes respondió que la Doctrina Estrada “sigue absolutamente vigente” como la “guía básica” de las relaciones diplomáticas de México con sus vecinos, y “que de ninguna manera está peleada con la vigilancia de México en la procuración de los derechos humanos”. Sin embargo, dijo que estaban “muy preocupados” por la crisis nicaragüense y que darían seguimiento a las discusiones en el seno de la OEA, donde el país ha dado un voto “favorable” a las decisiones tomadas hasta ahora por el grupo de trabajo para Nicaragua. “México estaría en disposición de participar, a invitación de Nicaragua, en todo mecanismo de facilitación y mediación del diálogo que permita el acercamiento de las partes en conflicto con pleno respeto a sus asuntos internos y autodeterminación”, dijo Reyes, quien anunció que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, visitará México.

La ‘Doctrina Estrada’, ‘La Doctrina Pelona’ (nombrada por su autor como ‘Doctrina Mexicana’) es el nombre del ideal central de la Política Exterior de México desde 1930. Su nombre se deriva de Genaro Estrada, Secretario de Relaciones Exteriores durante la Presidencia de Pascual Ortiz Rubio, que la redactó y publicó mediante un comunicado de dicha secretaría el 27 de septiembre de 1930.2 Esta doctrina se manifiesta en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo, especialmente si este proviene de movimientos revolucionarios. La doctrina Estrada contradecía la costumbre de su época, que cada país debía reconocer al gobierno de otro país para que este fuera considerado válido o legítimo. Desde su independencia en 1821, México había sufrido una serie de revueltas, movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios que hacían común el cambio de gobierno sin que este ocurriera por la vía legal -mediante elecciones constitucionales- lo que ocasionaba que cada nuevo gobierno emanado de una contienda interna tuviera que luchar duramente con la diplomacia extranjera a fin de conseguir el reconocimiento oficial de las naciones extranjeras para así poder validarse dentro de su propia nación. Estos eventos ponían a México en una situación débil con respecto a las naciones poderosas, que aprovechaban su influencia para conseguir ventajas económicas o políticas a cambio de reconocer al nuevo gobierno. En 1907, el canciller de Ecuador, Carlos R. Tobar, había propuesto una doctrina a los gobiernos latinoamericanos. Dicha doctrina -llamada ‘Doctrina Tobar’- exhortaba a los gobiernos de Latinoamérica a reconocerse mutuamente y a su vez a negar el reconocimiento a cualquier gobierno latinoamericano que surgiera a partir de un movimiento revolucionario.

En México, el caso más reciente de necesidad de reconocimiento internacional se había dado a raíz de la revolución mexicana, la cual originó una serie de sucesiones presidenciales por la vía revolucionaria, que en la mayoría de los casos debían mandar misiones diplomáticas a las naciones extranjeras en busca de reconocimiento, especialmente a Estados Unidos.​ Esto se acrecentó debido a la promulgación de la constitución de 1917 por el presidente Venustiano Carranza, que acababa con los privilegios económicos de otras naciones en México, especialmente de las industrias estadounidenses, motivo por el cual el gobierno de Estados Unidos se negó a reconocer al gobierno mexicano a menos que éste derogara los artículos constitucionales que afectaban a los intereses estadounidenses en México.​

 

México estableció en Naciones Unidas su posición a favor del derecho internacional, no intervención y autodeterminación de los pueblos

El 12 de septiembre de 1931, México pasó a formar parte de la Sociedad de Naciones. Este fue un evento transcendental, ya que dicho país no había sido invitado a formar parte de dicha organización intergubernamental, desde su creación una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, esto se puede atribuir principalmente a algunos problemas no resueltos entre México y Estados Unidos. En el seno de dicha organización, México estableció su posición a favor del derecho internacional, del principio de no intervención y del derecho de autodeterminación de los pueblos. El gobierno mexicano siempre apoyó el principio de resolución pacífica de diferendos internacionales, y rechazó el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Todo esto dio al país un importante prestigio internacional. En cuanto a sus vecinos del sur de América Latina y del Caribe, México regresó a las Conferencias Panamericanas, donde había sido previamente excluida debido a la falta de reconocimiento por parte de los EE UU. El país ganó un prestigio excepcional en las conferencias que tuvieron lugar en La Habana (VI Conferencia, 1928) y Montevideo (VII Conferencia, 1933), cuya postura fue a favor de la Unión de América Latina y en pro del derecho internacional.

En su propuesta formal, la ‘Doctrina Estrada’ indicaba lo siguiente: “El Gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. México sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posterior, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.

En el caso de Venezuela el funcionario fue más elocuente. Dijo que al no suscribir este mes de enero un documento del ‘Grupo de Lima’, con el que los 13 países que conforman esa alianza no reconocen el nuevo mandato de Nicolás Maduro, México mandaba el mensaje de que la prioridad del Gobierno es hacer frente a la “crisis humanitaria” que sufre ese país y luego a la situación política. “Tampoco damos un voto a favor de Maduro”, aseguró Reyes. Además, agregó que al enviar al encargado de negocios de la Embajada mexicana en Caracas a la toma de posesión del presidente venezolano, el Ejecutivo de López Obrador quiso mantener “una distancia” y mostrar que seguirá de cerca lo que sucede en ese país. “México de ninguna manera renuncia a su preocupación y a su observancia por la situación humanitaria que se está viviendo en Venezuela, por el laceramiento a los derechos humanos de los venezolanos y por la ausencia de democracia que hay en ese país. No obstante, no queremos caer en el extremo antagonista en el que pensamos que se encuentran todas las partes involucradas en el conflicto venezolano. Pretendemos ubicarnos en un centro que sea capaz de generar puentes de diálogo”, explicó el diplomático. Reyes Zúñiga dijo que su país “está en plena disposición de fungir como puente de diálogo y mediador en los conflictos internos” de Venezuela.

Las resistencias al cambio, a la denominada ‘Cuarta Transformación’  emergen por doquier, pues Andrés Manuel López Obrador, el ‘Manuelovich’ en plena carrera electoral, pues no ha dosificado el ataque al viejo orden. Su ‘guerra contra el huachicol en México’ es una muestra de ello. La lucha contra el robo de gasolina, que ha desabastecido y provocado la alarma en buena parte del país, evidencia un secreto a voces: la relación de Pemex con los huachicoleros. El dueño de una gasolinera de la franja del huachicol del Estado de Puebla, hora y media al sur de Ciudad de México, recordaba esta semana los años malos. Los tiempos en que su mundo se puso patas arriba y un negocio rentable como la venta de gasolina era, de repente, un tiradero de dinero. Una empresa con pérdidas. Todo era culpa del huachicol, el robo de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su venta clandestina; la presión de los ladrones, tipos que se enriquecieron de la noche a la mañana a costa de negocios como el suyo, que casi casi parecían un anacronismo.

La lucha contra el huachicol es apenas la primera de las batallas que se abre en el seno de la petrolera. La empresa estatal -con su producción en declive y un descalabro financiero a cuestas- se ha volcado a reorganizar la logística de entrega de combustibles a través de camiones cisterna a una velocidad considerablemente más lenta que la del sistema de tuberías. La compañía también arrastra un rezago en su capacidad de almacenaje: a nivel nacional, México cuenta con gasolina para tres días, en la Ciudad de México el margen se reduce a un día, cuando el promedio entre los 30 países miembros de la Agencia Internacional de Energía es una reserva de 40 días. A esto se suma que la importación de gasolina desde Estados Unidos ha caído un 28% desde que López Obrador es presidente, según información de la consultora ClipperData publicada por The Wall Street Journal. Un dato que el presidente había negado esta semana.

Mientras tanto, los mexicanos esperan horas para comprar algunos litros de gasolina en estaciones de varios Estados. En aguas del Golfo, más de una decena de buques esperan en las costas a descargar el combustible en las terminales de Tuxpan y Coatzacoalcos. El hidrocarburo no puede ingresar al sistema de distribución por el cierre de los ductos. México posee seis refinerías pero ninguna está funcionando en toda su capacidad. Algunas empresas gasolineras privadas han comenzado a buscar alternativas de abastecimiento -ExxonMobil y Arco ya lo hacían antes de la crisis-aprovechando uno de los resquicios de la reforma energética que López Obrador rechaza. “Todo esto puede espantar a los mercados porque demuestra que, en México, el presidente te puede cerrar el ducto cuando quiera”, advierte Miriam Grunstein, abogada experta en energía. Lejos de espantarse, el dueño de la gasolinera respira aliviado. Hace un año y medio pensaba en vender el negocio, dejarlo estar. “En un día bueno yo vendo 10.000 litros de combustible”, cuenta. Pero en aquella época, en los años fuertes del robo de gasolina, en 2015, 2016, 2017, con suerte vendía 1.000 o 2.000.

Veremos más protestas y negociaciones este año, y de la correlación de fuerzas que surja y de las prácticas estatales que se propicien dependerá si el nuevo gobierno se convierte en un nuevo régimen o sólo en una nueva versión del viejo. Manuel López Obrador llama a su movimiento ‘La Cuarta Transformación de México’, y se compara con héroes de la historia nacional, como Benito Juárez en la Reforma, Francisco Madero en la Revolución y Miguel Hidalgo en la Independencia… En la primera gran batalla ‘petrolífera’ hay una ausencia notable, la de Pedro Joaquín Coldwell. Natural de Cozumel es un político mexicano del Partido Revolucionario Institucional. Senador de la República de 2006 a 2012, entre 1981 y 1987 fue gobernador de Quintana Roo, donde fue también diputado constituyente en 1974. Durante el mandato del cuestionado Enrique Peña Nieto ejerció de Secretario de Energía.

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