‘El Honor de los Pineda’ en Iguala, daguerrotipos de mafia

EL BESTIARIO

SANTIAGO J. SANTAMARIA GURTUBAY

La metástasis del narco hizo de un vendedor de sandalias, Jose Luis Abarca y su esposa María Ángeles, los nuevos ricos de esta villa de Guerrero y protagonistas del ‘Holocausto de Ayotzinapa’. Los directores de cine Francis Ford Coppola,  Martin Scorsese y John Huston pareciera haber sido contratos para ‘remakes’ de sus históricos ‘El Padrino’, ‘Casino’, ‘El irlandés’, y ‘El Honor de los Prizzi’…

 

La ‘alcaldesa’, hija de una antigua operaria de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, y sus propios hermanos habían creado por orden de este capo el embrión de la organización criminal con el objetivo de enfrentarse a Los Zetas y a La Familia Michoacana. Tras un fulgurante ascenso social, quería satisfacer su última ambición: ser elegida regidora perredista. Ese 26 de septiembre del 2014 se iniciaba la carrera electoral en el zócalo, la pareja bailó entre cadáveres hasta el amanecer… Salomón Pineda Bermúdez y Leonor Villa Ortuño llegaron a vivir días felices. El matrimonio mexicano se dedicó a la venta de droga y a tener hijos. Julio Guadalupe, Alberto, Mario, Salomón y María de los Ángeles. Así se llamaron sus vástagos. Los primeros en despuntar fueron Alberto y Mario. Ambos empezaron con el menudeo de droga en Guerrero, pero pronto pasaron a mayores. Dando el salto a Colombia, mostraron su habilidad para la importación. Nada masivo. Pero un incidente les llevó a aguas profundas. Alberto, por una deuda, fue secuestrado en Colombia. Su hermano pidió ayuda al todopoderoso cártel de Sinaloa. La mediación surtió efecto e hizo que los grandes capos se fijasen en ellos. Les ofrecieron ampliar la organización en Guerrero, un territorio en disputa con Los Zetas y la mesiánica Familia Michoacana. Alberto y Mario aceptaron y quedaron a las órdenes del legendario Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes. Su desempeño fue brillante. Ampliaron las rutas de entrada, y formaron una brutal cohorte de sicarios, Los Pelones. Eran tiempos prósperos. La familia participaba en el crimen. El dinero corría a raudales y la hermanita lo guardaba en cajas de cartón. Pero las tinieblas andaban cerca. Alberto y Mario, ebrios de poder, se alejaron del Jefe de Jefes. El 11 de septiembre de 2009, Alberto fue calcinado vivo. Dos días después, Mario recibió 17 balazos. Entretanto, Julio Guadalupe fue liquidado por la Familia Michoacana, y los progenitores, con Salomón, cayeron apresados por narcotráfico. Sólo María de los Ángeles, casada con un vendedor de sandalias, quedó libre. Todo parecía perdido. Pero el tiempo devolvió algunas cosas a su sitio. Murió a tiros el Jefe de Jefes, y Los Pelones emergieron reconvertidos en Guerreros Unidos. Salomón salió de la cárcel y se integró en el nuevo cártel. Y la hermana vio ascender con el dinero del crimen a su marido hasta la alcaldía de Iguala. Así estaban las cosas cuando la tarde del 26 de septiembre de 2014 un centenar de estudiantes de magisterio entraron en la ciudad…

Ya por la noche del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero, de 23 años, vio como el cañón de un Colt AR-15 le apuntaba. “Vete o te mato”. En aquel momento no lo supo, pero el agente le había librado de una muerte segura. No fue por azar ni por piedad, sino por pura y simple saturación. Como Ernesto recordaría semanas después, los policías municipales tenían a decenas de compañeros de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa tumbados boca abajo en el asfalto y se los estaban llevando en camionetas a la comisaría. Iban hasta los topes. Tan ocupados estaban, que habían pedido ayuda a los agentes de la vecina localidad de Cocula, y cuando Ernesto, armado de valor, se acercó a preguntar por la suerte de sus amigos, ya no disponían de tiempo ni espacio para uno más. Directamente le apuntaron con el fusil y le conminaron a irse. “Vi alejarse por la avenida a mis compañeros”, rememora. Esa fue la última vez que supo de ellos. Aquel 26 de septiembre, Ernesto había llegado a Iguala, junto con casi un centenar de alumnos de magisterio, en unos autobuses procedentes de Ayotzinapa. Radicales y revoltosos, los estudiantes iban a recaudar, como otras veces, fondos para sus actividades. Esto significaba pasar el bote por sus calles más céntricas, entrar en unos pocos comercios e incluso cortar alguna avenida. Su desembarco no había pasado inadvertido. Los halcones del narco, según la reconstrucción de la fiscalía mexicana, habían seguidos sus pasos y alertado a la central de la Policía Municipal. Los normalistas no eran bienvenidos. En junio del año anterior, tras el asesinato y tortura del líder campesino Arturo Hernández Cardona, los estudiantes habían culpado del crimen al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y atacado el ayuntamiento.

Los sicarios y los policías, que en Iguala vivían en perfecta simbiosis, creyeron que iban a repetir la algarada, pero esta vez no contra el regidor, sino contra alguien aún más poderoso: su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Ella, como apuntan las investigaciones policiales, dirigía las finanzas del cartel de Guerreros Unidos en la ciudad. El vínculo con el narco le venía de lejos. Era hija de una antigua operaria de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, y sus propios hermanos habían creado por orden de este capo el embrión de la organización criminal con el objetivo de enfrentarse a Los Zetas y a La Familia Michoacana. Cuando ambos fueron ejecutados y arrojados a una cuneta de la carretera de Cuernavaca, ella tomó las riendas en Iguala, protagonizando junto con su marido un fulgurante ascenso social que ahora quería completar con su última ambición: ser elegida regidora en 2015. Para ello, ese 26 de septiembre había preparado un gran acto en el zócalo de la villa. Era el inicio de su carrera electoral.

La irrupción en la ciudad de los normalistas, encapuchados, rebeldes, con ganas de protesta, les hizo temer que fuesen a reventar el discurso. El alcalde exigió a sus esbirros que lo impidiesen a toda costa y, según algunas versiones, que los entregasen a Guerreros Unidos. La orden fue acatada ciegamente. Las fauces del horror se abrieron de par en par. Posiblemente nunca se llegue a saber cómo la barbarie llegó a tal extremo, pero lo que las pesquisas policiales han logrado sacar a la luz es que a los normalistas, que seguramente no sabían cuál era la naturaleza del poder municipal en Iguala, se les dio trato de sicarios, se les persiguió con la saña con que se mata a los cárteles rivales. En sucesivas oleadas, la policía atacó a sangre y fuego a los estudiantes. De nada les valieron sus desesperados intentos de huir en autobuses tomados a la fuerza. Dos murieron a tiros, otro fue desollado vivo, tres personas ajenas a los hechos perdieron la vida a balazos al ser confundidas con normalistas. En la cacería, decenas de estudiantes fueron detenidos y conducidos a la comandancia policial de Iguala. Nadie dio orden de parar. El reloj siguió adelante. El jefe de los sicarios, Gildardo López Astudillo, avisó al líder supremo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado. En sus mensajes, siempre según la versión de la fiscalía, le informó de que los responsables de los desórdenes de Iguala pertenecían a Los Rojos, la organización criminal contra la que libraban una salvaje guerra. Sidronio dio orden de “defender el territorio”. En una operación de exterminio bien diseñada, fruto posiblemente de experiencias anteriores, los estudiantes fueron recogidos de la comandancia de Iguala por agentes de Cocula, quienes, cambiando las placas de sus matrículas, les entregaron a los liquidadores del cartel en la brecha de Loma de Coyote. Todo estaba preparado para no dejar huellas…

Nicolás Mendoza Villa lo recordaría meses después por escrito en una notaría de la Ciudad de México. A las seis de la tarde del 31 de mayo de 2013, el ingeniero Arturo Hernández Cardona y él vieron cómo dos sicarios empezaban a cavar la que iba a ser su fosa. Ambos estaban presos en un paraje desconocido de Guerrero. Un día antes, les habían secuestrado, pistola en mano, en la carretera hacia Tuxpan junto a otros compañeros de la Unidad Popular, un movimiento de defensa de los derechos de los campesinos. Durante horas les habían torturado con un látigo de alambre. El peor parado había sido su líder, Hernández Cardona. Ya de noche llegaron al lugar dos hombres bien conocidos. Andaban tranquilos y con una cerveza Barrilito en la mano. Eran el alcalde Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su jefe de policía, Felipe Flórez Vázquez. El regidor, con quien Hernández Cardona había mantenido agrias disputas, la última, dos días antes en su despacho municipal, se adelantó unos pasos y ordenó que torturaran otra vez a su adversario político. “¡Ya que tanto estás chingando, me voy a dar el gusto de matarte!”, gritó el alcalde. Acto seguido, su jefe de policía levantó al ingeniero del suelo y, siempre según esta versión ante notario, lo arrastró unos diez metros hasta la recién terminada fosa. Ahí, el alcalde de Iguala le disparó primero a la cara, luego al pecho. El cadáver quedó al descubierto, mientras el cielo oscuro de Guerrero se rompía y empezaba a llover. Otros dos dirigentes de Unidad Popular fueron asesinados.

El hombre que asegura haber visto todo esto y pudo escapar para contarlo fue Nicolás Mendoza Villa, chófer del ingeniero asesinado. Mendoza prestó testimonio ante notario, la esposa del ingeniero presentó denuncia, la prensa aireó el caso y algunos conocidos políticos mexicanos exigieron responsabilidades. La Procuraduría respondió acumulando ocho tomos de diligencias. Pero, como tantas veces sucede en México, nada ocurrió. El alcalde de Iguala siguió gobernando como antes, inaugurando centros comerciales y posando alegre con sus camisas ceñidas y desabotonadas hasta la mitad del pecho. Unas fotos almibaradas donde siempre aparece su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. “Desde entonces reina el miedo en Iguala”, afirma Sofía Mendoza Martínez, concejal del PRD y viuda de Hernández Cardona; una de las pocas personas capaces de romper el círculo del terror y acusar al alcalde mucho antes de que se convirtiese en el hombre más buscado de México por la matanza de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en un oscuro enfrentamiento con la policía y el narco el 26 de septiembre.

El municipio, de 130.000 habitantes, es la tercera ciudad de Guerrero, histórica cuna de la bandera mexicana y un enclave estratégico para los movimientos del narco. En una tierra con una tasa de homicidios tres veces mayor que la mexicana la participación de la esposa del alcalde en los asuntos políticos, según admiten dirigentes del PRD, fue cada vez mayor, hasta el punto de que ya pensaba postularse como candidata a la alcaldía en 2015. Para ello había logrado ser elegida consejera estatal del PRD y dirigía el denominado Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Nada parecía capaz de frenarla. Eso era lo que se pensaba hasta la noche del 26 de septiembre. Ese viernes tenía que ser un día grande para ella. Presentaba el informe de actividades del DIF en la plaza de las Tres Garantías, en el zócalo de Iguala, un espacio reservado para las grandes ocasiones. El pistoletazo de salida de su carrera electoral. El acto empezaba a las seis de la tarde, justo a la hora en que dos autobuses procedentes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un semillero de la izquierda radical mexicana, entraban en el municipio. El grupo, formado por estudiantes de magisterio de 18 a 23 años, acudía a la ciudad a recaudar fondos para sus actividades. La policía municipal estaba esperándoles. Un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), servicios secretos mexicanos, señalaba que la esposa del alcalde pidió al director de la policía municipal, Felipe Flórez Velázquez, que impidiera la llegada de los jóvenes. La orden, cómo no, fue obedecida. No tardó en darse el primer encontronazo entre los agentes y los normalistas. Hubo gritos y algún enfrentamiento físico. Lo habitual. Los estudiantes se retiraron hacia la estación de autobuses. Allí se apoderaron de tres vehículos para volver a su escuela. Pero a la salida les esperaban los agentes. Esta vez hubo tiros. Los normalistas se defendieron a pedradas y lograron romper el cerco. El alcalde, informado de la algarada, pidió entonces, según el citado informe, un escarmiento. Fue entonces cuando alguien llamó a la muerte. Las llamas de la hoguera del ‘Holocausto de Ayotzinapa’, no se han apagado todavía, cuando se ha cumplido el sexto aniversario. El fuego sigue extendiéndose y avivándose por todo el país. La oscuridad y la niebla no dejan ver las estrellas de los cielos de nuestro México. La necrofilia imperante es inadmisible en un Estado de Derecho. El ‘Honor de los Pineda’ se impone.

@SantiGurtubay

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