El combate frontal contra los cárteles de la droga lo diseñó en 2007 el expresidente Felipe Calderón en un despacho en el que estaba Guillermo Valdés, exdirector de los servicios de inteligencia. Con varios informes sobre la mesa, de los militares y los gobernadores, alertando sobre la inseguridad que se vivía en el país, decidió sacar al ejército a la calle y encargó a Valdés, un académico de 60 años, el dibujo de la operación. Durante sus cuatro años como director del CISEN (2007-2011) coordinó la estrategia de guerra frontal al narco, que disparó la violencia. Durante esta etapa, Valdez enfrentó la aparición de carteles como Los Zetas y la exhibición de una crueldad hasta entonces desconocida en México: decapitados, colgados de puente, desmembrados… Enrique Peña Nieto ha heredado y prolongado una guerra entre y contra los cárteles que deja un balance con dimensiones de conflicto bélico: más de 100.000 muertos, miles de huérfanos y casi 30.000 desaparecidos.
Según el autor de ‘Historia del narcotráfico en México’ (Aguilar, 2013) en 2017 seguirá la violencia debido al enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Enfrente tendrá un ejército que encara, con los hombros caídos la tarea de frenar en solitario al crimen organizado en un inabarcable país. A pesar de la captura de 80 de los 122 capos más buscados, 2016 termina con más de 20.000 nuevas víctimas, el año más sangriento de los cuatro que lleva en el poder de Peña Nieto. Los mexicanos encaran el año 11 de la guerra contra las drogas con la sensación de estar inmersos en una larga noche en la que no amanece nunca.
Pregunta. ¿Por qué se mantienen los altos niveles de violencia?
Respuesta. “La violencia se debe a dos factores. Por un lado, un crimen organizado poderoso y violento, y por otro un estado débil en seguridad y justicia. No se puede explicar el poder y capacidad de violencia de las organizaciones criminales sin esas omisiones históricas del Estado mexicano. Lo que se hizo, durante mi etapa en el CISEN, fue iniciar un proceso de debilitamiento de las grandes organizaciones del narcotráfico”.
P. ¿Cómo han evolucionado los cárteles de la droga desde entonces hasta ahora?
R. “Los cárteles se han fragmentado y esto es bueno y malo al mismo tiempo. Es bueno que sean menos poderosas, pero es malo que se hayan dividido en varias organizaciones muy violentas. Cuando empezó la lucha de Felipe Calderón había siete cárteles muy grandes y poderosos (Tijuana, Zetas, Sinaloa, Golfo, Juárez, La Familia, Beltrán Leyva). Ahora quedan dos: Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) y varios regionales pequeños. El resto desapareció o se convirtió en algo más pequeño, con cierta capacidad de mover droga, pero dedicado principalmente a delitos patrimoniales: secuestro, robo, extorsión. Para combatir a un cartel de Sinaloa o CJNG se requiere fuerza federal (ejército) pero para atacar a pequeñas bandas de secuestradores o ladrones es algo que puede hacer la policía, el problema es que no tenemos policía”.
En Monterrey en 2010, cuando el ejército salía a perseguir Los Zetas, la policía salía a entorpecer el trabajo del Ejército
P. ¿Calderón abrió una guerra sin diagnóstico ni medios?
R. “Ese juicio comete el error de ver la decisión de 2006 con el conocimiento de 2016. Hace diez años, claro que se tenía un diagnóstico, quizá no el más preciso y exacto, pero todos los gobernadores (CONAGO) describieron a Calderón la crítica situación que se vivía. No sólo el empoderamiento y enfrentamiento entre organizaciones , sino su transformación hacia el robo y el secuestro. Lo que no se sabía, y hay que reconocerlo, es que la violencia se dispararía hasta la magnitud actual. Por aquel entonces, el estado era débil por la falta de una policía federal (sin corromper) y el único recurso posible era el ejército. Lo hubiera hecho cualquiera. Incluso López Obrador propuso movilizar al ejército durante su campaña presidencial de 2006”.
P. ¿Qué errores se cometieron entonces?
R. “Lo que falló, y sigue fallando, son los niveles de coordinación entre los tres niveles de gobierno. La Federación sola puede contener el avance de las organizaciones criminales, pero sin policía es muy difícil acabar con el problema. Le doy un ejemplo; En 2010, durante la etapa de mayor violencia en Monterrey, cuando el ejército salía a perseguir a un grupo de camionetas de Los Zetas, la policía municipal salía a entorpecer el trabajo del ejército. O avisaban de que habían localizado un refugio de narcotraficantes y, en realidad, se trataba de una emboscada. Cuando tienes a las policías trabajando para los cárteles la eficacia se reduce notablemente”.
“Ahora hay dos cárteles fuertes y no los siete de la época de Calderón”
P. ¿Y no se sabía de la putrefacción policial?
R. “Se sabía, pero había que meter a la fuerza pública para frenar la violencia. No era la solución óptima, pero no se podía esperar a tener policías confiables para hacer algo. Cuando Peña Nieto llega al poder, en 2012, lo hizo con la idea de que era el ejército quien provocaba la violencia. Decidió entonces acuartelarlo en Michoacán y utilizar a la policía federal. ¿Y qué hicieron Los Templarios? Se extendieron como nunca antes el secuestro, la extorsión, el robo…, La consecuencia fue que la gente se armó y surgieron los grupos de autodefensa. Los militares no pueden acabar la violencia, pero sí pueden frenan su expansión”.
P. ¿Qué nos espera en 2017?
R. “La violencia seguirá creciendo porque el gobierno no tiene estrategia adecuada y seguimos sin una policía local depurada. Además hay muchas bandas violentas y se vive un enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), que podría ganar esta guerra”.
P. ¿Cuáles son los escenarios de esta guerra?
R. “Colima y Tijuana. No hay más que ver como se han disparado los homicidos”.
Desde la ‘represión de Tanhuato’, cuando la policía mató a 43 personas, el cártel de Jalisco conoce el precio de atacar al Estado
P. Peña Nieto dijo que devolvería a los militares a los cuarteles, pero han pasado cuatro años y esto no ha sucedido
R. “Había mucho desconocimiento en el equipo de Peña Nieto sobre la complejidad de la situación. Creían que era un problema de coordinación y debilidad del sistema de justicia. Ahora se han dado cuenta de que el ejército no puede dejar las calles. Lo más grave es que no ha hecho nada por depurar las policías locales y estatales”.
P. ¿Entiende las quejas del ejército?
R. “Sí, Hay un desgaste porque hay bajas y deben hacer tareas que no les corresponde. Además, está el reclamo en Derechos Humanos. Ser señalados como violadores de DDHH afecta a su imagen y a los soldados (que se ven sometidos a juicios). Pero en ningún país el ejército está hecho para defender los DDHH. El ejército está hecho para matar al enemigo y la policía para detenerlos y llevarlos ante un juez. Cambiar el comportamiento de un soldado para que haga de policía ni es fácil ni automático. Pero el ejército también se ha beneficiado. Calderón subió el salario de los soldados rasos el triple y duplicó el presupuesto militar. Ahora tienen más gente, más recursos, más capacitación”.
P. ¿Si hubiera sabido el costo en vidas habría empleado otra estrategia y no la de agitar el avispero?
R. “La causa de la violencia no es la intervención del Estado. Una parte sí, por ejemplo cuando se detienen al líder de un cártel y provoca una ola de violencia por la sucesión. Pero es un periodo corto en una organización y en uno o dos meses se resuelve y hay un nuevo líder. Pero el 85 % de los asesinatos tiene un patrón de ejecución y obedecen a un conflicto entre ellos”.
“El cartel del Pacífico, liderado por el ‘Chapo’ Guzmán’, era una organización que no atacaba al Estado; policías, soldados o la Marina”
P. ¿Qué solución vislumbra?
R. “El narcotráfico no desaparecerá mientras las drogas sean ilegales y en EE UU haya una demanda creciente. ¿Qué podemos hacer? Imponerle, no negociar, a los carteles, reglas para que descarten la violencia, como ocurre en otras partes del mundo. ¿Y cómo se le impone? Con un Estado fuerte que les diga que si se comportan mal serán destruidos. La violencia seguirá, pero les costará más sobrevivir. Ahora los cárteles saben que su vida es más corta porque saben que la fuerza del Estado y la federación es mucho mayor. Los cárteles de Juárez, Tijuana, Los Zetas o el del Golfo ya no existen. Hay nuevos actores, pero saben que el riesgo de dedicarse a esto es mucho mayor”.
P. Pero hay nuevos actores que son violentos y poderosos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
R. “Sí, pero te pongo un ejemplo. El año pasado, el CJNG derribó un helicóptero y poco después llegó ‘la represión de Tanhuato’, donde la policía Federal mató a 43 personas. Desde entonces el CJNG ha minimizado su estrategia de atacar al ejército. El cartel del Pacífico, liderado por el ‘Chapo’ Guzmán’, era una organización que no atacaba al Estado; policías, soldados o la Marina. En cambio, Los Zetas o La Familia Michoacana eran más sanguinarios y por tanto su vida fue más efímera, porque el Estado se lanzó muy fuerte contra ellos”.
2016 es el año más violento del Gobierno de Peña Nieto, los homicidios superan las 20.800 víctimas a falta de las cifras de diciembre
2016 quedará marcado como el año donde la violencia retornó con fuerza a México. A falta de los datos de diciembre, este año reporta la cifra más alta de homicidios dolosos en los cuatro años de Gobierno de Enrique Peña Nieto. De enero a noviembre, las 32 procuradurías (fiscalías) del país iniciaron 18.915 averiguaciones previas por asesinatos. Esto significa que 20.858 personas han sido asesinadas en once meses, según las estimaciones preliminares del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), un órgano que contabiliza los crímenes mensualmente y que depende de la Secretaría de Gobernación (Interior).
El SNSP concentra los datos de delitos como homicidios, secuestros y extorsiones contenidas en las carpetas de investigación de las fiscalías locales. Noviembre ha sido el quinto mes más sangriento de 2016, con 2.018 asesinatos, 25% más que los registrados en el mismo periodo de 2015. El dato acumulado de los primeros once meses del año (28.858 víctimas) supera las 18.673 víctimas de 2015 y las 17.324 de 2014, cuando el sistema comenzó a contar el delito.
México atestiguó un importante aumento de los homicidios este verano. Julio registró 2.094 homicidios. Entonces se rebasaron los dos millares de asesinatos, algo que no había ocurrido desde los primeros meses de Peña Nieto en la presidencia. El dato solo anunciaba el inicio de una terrible tendencia al alza. La estrategia de seguridad del Gobierno no ha podido disminuir desde entonces los asesinatos, que han aumentado en 24 de los 32 Estados del país. Agosto superó a julio y septiembre se convirtió en el mes más violento con 2.189 víctimas de homicidio, la peor cifra desde mayo de 2012 cuando aún gobernaba Felipe Calderón, el presidente del PAN que inició la ofensiva contra los cárteles del narcotráfico. Noviembre ha alargado una racha que suma cinco meses superando los dos mil asesinatos mensuales.
Las explicaciones a este fenómeno se pueden encontrar en varias partes del país. Una de ellas en Colima, un pequeño Estado que hasta hace poco era considerado una tranquila región en el Pacífico. Los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales por controlar su puerto y territorio han hecho que los asesinatos hayan aumentado allí casi un 300%. Colima, con 650.000 habitantes, tiene la tasa de asesinatos más alta de México: 89 por cada 100.000 personas.
A Colima se le suma Guerrero, otro estado en la costa oeste mexicana que ha visto desbordar la violencia a pesar de los esfuerzos por controlarla del gobierno local y federal. El Estado, con 3.4 millones de habitantes, reportó en noviembre 212 víctimas de homicidio, la cifra más alta el mes pasado en todo el país. En lo que va de 2016, la entidad supera las 2.000 víctimas, con una tasa de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. En números absolutos, Guerrero solo es superado por el Estado de México, una región del centro del país que tiene cinco veces más población.
Las cifras del SNSP serán avaladas posteriormente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las cifras de homicidios de este organismo son más precisas que las entregadas por las fiscalías locales. El INEGI clasifica mejor los tipos de homicidios y corrige los vicios estadísticos de los ministerios públicos. Por esto, el número de homicidios oficiales del INEGI supera siempre a los del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El problema es que el instituto tarda más de un año en procesar los datos. Será hasta julio del próximo año que se sabrá exactamente qué tan sangriento ha sido 2016.
www.educacionyculturacancun.mx
